30 de Octubre de 1983
Raúl Ricardo Alfonsín:
El inicio de nuestro camino en democracia
Luego de casi ocho años de interrupción democrática a manos de las Juntas Militares, terrorismo de Estado y vuelco total de la economía nacional desde los sectores de la producción y la industria a los de las finanzas y los servicios, y tras la guerra de Malvinas, se reiniciaba el camino de la normalización institucional.
En las elecciones de 1983, Raúl Alfonsín se adjudicó el 51.7% de los votos contra el 40,1% de Italo Argentino Luder. Convirtiéndose en el primer postulante radical en derrotar a un justicialista.
La U.C.R. estableció también un precedente histórico al obtener 128 de las 254 bancas que componían a Cámara de Diputados, 16 más que el PI y con ello la mayoría absoluta.
En el interior hicieron sentir su fuerza el P.J. y las pequeñas formaciones regionales conservadoras. La UCR sólo ganó los gobiernos de siete de las veintitrés provincias. Este desequilibrio entre el peso electoral de la UCR a nivel nacional y el predominio geográfico del P.J., más homogéneamente implantado en las provincias, quedó reflejado en el Senado, donde de los 46 miembros del partido de Alfonsín sólo conquistó 18 bancas, es decir, la minoría.
Durante su campaña, Alfonsín fue el candidato que más claramente habló sobre el futuro papel de las Fuerzas Armadas como institución subordinada al poder civil, y en particular a él como Comandante en Jefe en su carácter de Presidente de La Nación. Propuso recortar en un tercio el presupuesto militar y que la lucha antisubversiva quedara en manos de la policía dentro del marco de la ley y el respeto a los Derechos Humanos.
Anunció además un reordenamiento de los sindicatos, hasta entonces mayoritariamente en manos peronistas. Indicó que el objetivo era democratizar las instituciones gremiales y hacerlas representativas de la mayoría de los trabajadores. Señaló la existencia de un pacto militar-sindical que atentaba contra la democracia argentina y se propuso desbaratarlo apenas asumiera la Presidencia de a Nación.
El electorado no se volcó a la propuesta del radicalismo por sus promesas de progreso económico, sino porque Alfonsín irrumpía como la garantía de una normalización institucional donde la Libertad, la paz, la democracia y el respeto por las garantías individuales y los derechos humanos -mutilados por las Juntas Militares- expresaban justicia y modernidad.
El Gobierno de Raúl Alfonsín estuvo signado por tres hechos o temas fundamentales relacionados a la temática militar: el juicio a los ex comandantes, la política de derechos humanos y el problema militar en si mismo, no sólo con temas relacionados con las fuerzas en forma interna, sino también con los diversos levantamientos que tuvo que afrontar.
La dictadura militar había provocado una profunda fractura entre la sociedad y las Fuerzas Armadas. Esto se debía al rotundo fracaso del Proceso de Reorganización Nacional para solucionar los gravísimos problemas que tenía el país, al terrorismo de Estado, implantado por las Fuerzas Armadas y a los métodos utilizados para deshacerse de todo aquel que no compartiera sus planes, y por último, a la derrota en la guerra de Malvinas y los hechos que allí se habían producido.
Alfonsín sabía que no podía sentar bases sólidas para el futuro si no se zanjaba la cuestión civil-militar. Por ello, manifestó en su campaña política algunas ideas a partir de las cuales superarla. Por un lado, eliminar el cargo de Comandante en Jefe de cualquiera de las armas. La jerarquía militar se terminaría en el cargo de Jefe do Estado Mayor y el Comandante en Jefe seria quien la Constitución establece: el Presidente de la Nación.
Por otro lado, proponía rechazar toda auto amnistía, declarando nula toda ley que quisiera enmendar la acción realizada por el gobierno militar, pero a la vez, reconocer que existían distintas responsabilidades entre los actuantes: una responsabilidad de quien toma la decisión de actuar como lo hizo: otra responsabilidad distinta de quienes, en definitiva, cometieron excesos en la represión, y otra muy distinta de quienes no hicieron otra cosa que cumplir órdenes. La teoría de los tres niveles fue expresada por Alfonsín en un discurso pronunciado en la cancha de Ferro durante la campaña de 1983. Por último se buscaría disminuir el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Es decir, pretendía tener a las Fuerzas Armadas de La Nación en el marco de la Constitución y la democracia.
Inmediatamente después de asumir, Alfonsín comenzó a concretar algunos de los puntos que había enunciado antes. A sólo tres días de haber tomado posesión de su cargo, dicta los decretos 167 y 158. El primero establecía la necesidad de perseguir penalmente a los conductores de grupos armados como los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (E.R.P.). El segundo ordenaba el juicio a los ex comandantes que integraron las tres Juntas Militares ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas por su responsabilidad en los homicidios, torturas y detenciones ilegales perpetrados entre 1976 y 1983 inspirados en la Doctrina de la Seguridad Nacional.
También inicia la reestructuración del Ministerio de Defensa, con el objeto de transformarlo en un instrumento a través del cual el gobierno democrático pudiera controlar efectivamente el sector de defensa y por medio de éste a las Fuerzas Armadas.
El Juicio a las Juntas contaría con el aporte de las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Convocada por Alfonsín el 15 de diciembre de 1983 y cuya presidencia se otorgó al escritor Ernesto Sábato. Su objetivo era intervenir en el esclarecimiento de los hechos relacionados con la desaparición de personas otorgándoles la autoridad para recibir denuncias y pruebas y girarlos con posterioridad a la justicia. El Informe, que luego fuera publicado bajo el titulo Nunca más, fue entregado al Presidente el 20 de septiembre do 1984 y determinaba que fueron 8.960 los desaparecidos forzosos durante la dictadura, aunque Amnistía Internacional estimó que el número de victimas superaba los 16.000 y organizaciones argentinas como Madres de Plaza de Mayo hablaron de 30.000 afectados entre muertos y desaparecidos.
El juicio a los ex militares comenzó en forma oral y pública el 22 de abril de l985 y concluyó con la sentencia de a Cámara Federal en diciembre del mismo año. Los Tenientes Generales y ex Presidentes de Facto Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola, el Brigadier General Orlando Ramón Agosti y los Almirantes Emilio Eduardo Massera y Armando Lambruschini fueron acusados y sentenciados por los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos. También fueron sentenciados por el Consejo Supremo de as Fuerzas Armadas el Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri, el Brigadier General Basilio Lamí Dozo y el Almirante Jorge Isaac Anaya (absuelto por la justicia civil en el anterior proceso). Si bien esta experiencia de enjuiciamiento generó un precedente histórico no sólo para Argentina, sino también para Latinoamérica, donde las experiencias de los Golpes de Estado siempre habían quedado impune, ciertos sectores de la sociedad consideraron que las penas otorgadas eran insuficientes además muchos acusados de menor rango habían quedado absueltos.
Seguidamente, y para dar por concluido el capítulo correspondiente a los crímenes cometidos durante la dictadura, Alfonsín envía al Congreso el proyecto de ley que se conocería como de Punto Final y que fuera aprobado el 23 de diciembre de 1986. Según esta ley quedaba extinguida toda acción penal contra civiles y/o militares que no hubieran sido imputados por delitos cometidos en las operaciones antisubversivas dentro de un determinado plazo (hasta el 23/10/87). La Ley de Punto Final produjo el rechazo y malestar en importantes sectores de la sociedad civil, pero también en el seno de los sectores castrenses.
El 16 de abril de 1987 el Teniente Coronel Aldo Rico y un grupo que lo acompañaba conocidos como los carapintadas, se amotinaron en la Escuela de infantería de Campo de Mayo resistiendo la citación que la Justicia le hiciera al Mayor Ernesto Guillermo Barreiro (refugiado en el XIV Regimiento de Infantería Aerotransportada, en La Calera, Córdoba, declarada también en rebelión). Los insurrectos solicitaban el cese de la campaña de agresión de los medios de comunicación contra las Fuerzas Armadas, un aumento del presupuesto para esas fuerzas, la elección de un nuevo Jefe del Estado Mayor del Ejército de entre cinco postulantes que ellos propondrían y a exculpación para todos aquellos que hubieran participado en los hechos que se estaban sucediendo. Mientras tanto en todo el país, la gente se agolpó en las calles y las plazas para expresar su apoyo al gobierno constitucional y su repudio a la actitud de los carapintadas.
Luego de varios intentos para solucionar la crisis fue el mismo Alfonsín quien tuvo que hacerse presente en Campo de Mayo y lograr que Aldo Rico depusiera su actitud. Esto fue comunicado rápidamente a gente reunida en la Plaza de Mayo.
Inmediatamente se produjo la sustitución del General Héctor Ríos Ereñú como Jefe del Estado Mayor por el General José Dante Caridi. Pocos días después Alfonsín envió al Congreso el proyecto de Ley de Obediencia Debida (promulgada el 8/6/87) que sólo admitía el procesamiento de quienes se desempeñaban por encima del rango de brigadier, es decir, aquellos que habían impartido órdenes y que habían contado con capacidad operativa para ejecutarlas. Hubo sólo una excepción: era el caso de los delitos de sustitución de estado civil y de sustracción y ocultación de menores.
Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida ponían al descubierto, ante la sociedad, la fragilidad del gobierno constitucional frente a las presiones ejercidas por ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército para que se concluyera con la persecución a sus camaradas de armas.
Otros alzamientos militares se sucedieron. En Monte Caseros provincia de Corrientes, entre el 16 y la de enero de 1988, Aldo Rico volvió a sublevarse, repudiando la prolongación de su arresto por los hechos de Semana Santa.
Esta vez las fuerzas “leales” reencauzaron la situación. Era el primer enfrentamiento entre militares, luego de los azules y colorados en 1962. El 4 de junio del mismo año el coronel Mohamed Seineldin fue el cabecilla de un nuevo alzamiento. Esta vez en Villa Martelli. Pugnaban por restaurar el honor y la dignidad del personal y la institución militar, reivindicar la guerra contra La subversión, lo actuado en la guerra de Malvinas y alcanzar una amplia amnistía. La rebelión fue sofocada rápidamente.
En 1988, se promulgó la Ley de Defensa Nacional (Nº 23.554), que establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales para la preparación, ejecución y control de la Defensa Nacional, fijando sus finalidades y diferencias con la Ley de Seguridad Interior.
Pero el problema de los derechos humanos y la conflictiva relación con las Fuerzas Armadas no fue el único que el gobierno radical tuvo que encarar. El poder económico, formado por los grandes grupos financieros internacionales y por los grandes grupos económicos locales, había logrado hacerse del control de todo el proceso productivo y financiero sobre la base de la explotación de los trabajadores y la subordinación del Estado a sus intereses particulares. Una inflación mensual del 20%, una deuda externa que rondaba los 45.000 millones de dólares, el 70% de ésta había sido contraído por los grupos privados y estatizada por el entonces presidente del Banco Central Domingo Felipe Cavallo - En 1982- y una tasa de desocupación que ascendía al 7%, fueron las secuelas que la dictadura había dejado en el campo económico. Para paliar la situación de aquellas familias que no podían satisfacer sus necesidades básicas se lanzó el Plan Alimentario Nacional (PAN).
Una de las ideas de Alfonsín era quitarle a la Confederación General del Trabajo (CGT) el monopolio en la representación de los derechos de los trabajadores. Para alcanzar ese objetivo, en febrero de 1984 la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley sobre Reordenamiento Sindical que permitía la creación de nuevas uniones gremiales, pero que ponía en pie de guerra a la central que se encontraba dividida (CGT Azopardo y CGT Brasil) y que, a comienzos de 1984 y como consecuencia de la política sindical alfonsinista, se unificó bajo el liderazgo de Saúl Ubaldini. Durante este gobierno hubo 13 paros generales organizados por la CGT en defensa de los intereses sectoriales que representaba.
En junio de 1985 se anunció el Plan Austral. Nuestra moneda cambió el nombre de peso argentino por el de austral. El austral equivalía a 1.000 pesos argentinos y nació cotizando con un tipo de cambio fijo de 0,80 centavos de austral por dólar.
Las medidas incluidas en el plan eran: control de los precios de los productos y tarifas de los servicios públicos, congelamiento salarial y no emisión monetaria. Se pretendía así detener la inflación que crecía por entonces un 1% diario.
Muchas de esas medidas eran condiciones que el FMI exigía para continuar las negociaciones que llegaron a buen puerto cuando Alfonsín firmó con esa entidad un acuerdo de re escalonamiento del pago de la deuda externa que vencía ese año y el otorgamiento de un crédito suplementario de 4.200 millones de dólares, pese a que en los primeros meses de su gobierno promovió la creación de una comisión legislativa para que estableciera el monto de la deuda legítima y la que intentó no negociar el pago de ella solamente con el FMI, acudiendo al Banco Mundial ,a Club de Paris, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a la banca privada. El éxito inicial del Plan Austral se reflejé en las elecciones legislativas de noviembre de 1985. La U.C.R. reforzó su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados manteniendo intactas sus 128 bancas. El PJ, en cambio, disminuyó su representación a 101 bancas. El radicalismo ganó, además, 17 de las 23 gobernaciones, incluyendo la Capital Federal. El triunfo daba indicios de que la sociedad continuaba confiando en la capacidad de Alfonsín para encarar los grandes problemas que aquejaban a los argentinos.
Pero a fines del 1986, el Plan Austral dio muestras de agotamiento. El austral comenzó a desvalorizarse fuertemente con respecto al dólar en el mercado de cambio. La inflación volvió a trepar mientras que la recesión y los conflictos sociales se agravaban más y más. Ante esta situación, se optó por el abandono de los estrictos controles y por la liberalización económica. Esto significó el rompimiento con el modelo de economía semi cerrada puesto en marcha desde hacia medio siglo y la apertura del mercado a los productos extranjeros, acompañada por la reforma del Estado. Tal política estuvo enmarcada en los cambios que se operaron a nivel internacional. Tanto Inglaterra como EE.UU. propiciaron una serie de reformas en las cuales el Estado ya no intervendría en los problemas económicos y sociales. Así, una ola de privatizaciones, reducción de las prestaciones sociales y del empleo público abrían el camino hacia el neoliberalismo.
En agosto de 1986 la Cámara de Diputados empezó a tratar y aprobó en pocos días el proyecto de Ley de Divorcio. El trámite fue más lento en Senadores, pero luego de algunas modificaciones, el 3 de junio de 1987 el divorcio vincular se hacia Legal en la Argentina (Ley 23.515). Muchos festejaron la sanción de la ley, especialmente quienes pudieron regularizar su situación (había más de 1.500.000 parejas separadas de hecho). Fueron la Iglesia y los sectores conservadores los que no estuvieron de acuerdo con la nueva ley y preanunciaban una avalancha de rupturas matrimoniales con la consecuente repercusión en la disolución familiar. El Episcopado emitió un comunicado donde pedía que el mal que no se ha podido evitar se difunda lo menos posible. Y convoca una marcha a Plaza de Mayo en defensa de la familia.
Durante su gobierno Alfonsín trató de dar impulso a la política exterior, abandonada por la dictadura y fue el canciller Dante Caputo el encargado de esa tarea. Se resolvió con Chile el conflicto por la demarcación fronteriza en el Canal de Beagle. A partir del cual casi se inicia una guerra en 1978 y que, en vísperas de las elecciones de 1983, suscité nuevas tensiones. Con la mediación del Vaticano, los dos países australes suscribieron en 1984 primero una declaración de paz y fraternidad y luego un acuerdo sobre el canal, que fuera ratificado por la sociedad argentina en una consulta popular convocada al efecto. En 1985 el Vaticano rubricó el tratado bilateral. En relación a las negociaciones con el Reino Unido por las Malvinas, sólo consiguió de Londres la reanudación del diálogo bilateral, excluyendo lo relativo a la soberanía de las islas.
Alfonsín inició también tratativas para alcanzar la integración regional con Brasil y Uruguay y firmó en 1988, junto a los mandatarios de ambos países, el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo, que sería la piedra angular del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). El tratado comprometía la creación de un espacio comercial común en diez años, mediante la eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias y armonización de políticas comerciales.
En los 80 el cine argentino le abrió sus puertas a la voluntad de cambio. Los directores no exiliados se habían volcado al cine publicitario como otra alternativa de trabajo y luego, con la vuelta a la democracia, instauran implícitamente una nueva forma de hacer cine: este es el caso de Pino Solanas y Luis Puenzo. Durante el gobierno de Alfonsín los principales organismos relacionados con la cultura fueron ocupados por figuras y personalidades relacionadas con ese campo, como por ejemplo el actor Luis Brandoni en la asesoría presidencial en temas de cultura; el escritor Pacho O`Donnell, como secretario de Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires, Carlos Gorostiza en la Secretaria de Cultura de La Nación, Miguel Angel Merellano en A.T.C. Todas estas transformaciones de base alentaron la verdadera idea de cambio, pero aun así, la reprobación de las películas seguía vigente. Por este motivo se votó en el Congreso la ley 23.052 que estableció la abolición de la censura cinematográfica que durante casi 30 años había coartado la libertad del público y la creatividad de los autores. En 1984, hubo 24 estrenos. El primero en democracia fue Camila, de María Luisa Bemberg. A partir de ese momento muchas de las películas intentan reflejar a través de sus historias los años de la dictadura militar. Con la vuelta a la democracia, poco a poco, las diferentes expresiones artísticas y sus creadores que habían estado censurados o exiliados pudieron plasmar sus ideas libremente e intentar reconstruir el patrimonio cultural argentino. La gente estaba ávida por leer, ver y escuchar. Y los creadores (cineastas, músicos, escritores) ávidos de mostrar y cantar verdades.
Hacia 1986 Alfonsín anunció un ambicioso proyecto para fundar una ‘Segunda República. Incluía la incorporación de la figura de un primer ministro, la posibilidad de un segundo mandato presidencial consecutivo, reformas administrativas y el traslado de la Capital Federal a la provincia de Río Negro, en la ciudad de Viedma. La idea fue evaluada como inoportuna por gran parle de la opinión pública, que también consideró que lo que se pretendía era tapar la dura realidad a la que se asistía: 1986 culminó con una inflación acumulada del 82% y llegó en 1987 al 175%.
A mediados de 1987, el gobierno declaró oficialmente fenecido el Plan Austral (aunque la moneda que le dio nombre siguió funcionando) y anunció un nuevo paquete de medidas que atraerían el apoyo del FMI a través de otro crédito stand-by. Se atacaría a la inflación y el déficit fiscal interno y externo. Se establecían además pautas estrictas en relación al tipo oficial de cambio del dólar, los salarios, impuestos y tarifas de servicios públicos.
La aplicación de estas medidas, que provocaron una gran disminución en la capacidad adquisitiva de algunos sectores sociales, sumadas a la tibia respuesta al problema militar, a la imposibilidad de hacer frente a los problemas sindicales y otros, repercutieron en los resultados de los comicios electorales de septiembre de 1987. También influyó en ellos el proceso de depuración interna que se dio en el seno de la conocido como Renovación Peronista, liderada por Antonio Cafiero y Manuel de la Sota. En las elecciones de diputados nacionales de 1987 el P.J. obtuvo el 41.5 % de los sufragios frente al 37,3% de la UCR; en las provinciales, los radicales sólo mantuvieron las gobernaciones de Córdoba y Río Negro junto a la Capital Federal.
Estos resultados electorales y el agravamiento de la situación económica llevaron al Gobierno a abandonar algunos proyectos y a replantear su política económica. En agosto de 1988 se lanzó el Plan Primavera (Programa para la recuperación económica y el crecimiento sostenido). Estaba centrado, una vez más, en contener el ascenso inflacionario a través del control de precios de las tarifas públicas y el congelamiento de los salarios estatales. Incluía control de cambio y precios, y negociación con el movimiento obrero. La Unión Industrial Argentina y la Cámara de Comercio quedaban fuera de la negociación Confederaciones Rurales Argentinas, la Federación Agraria, la Sociedad Rural y Coninagro.
1989 sería un año adverso para el gobierno:
Las sequías afectaron las cosechas y la provisión de energía.
EL copamiento al Regimiento 3 de Infantería de La Tablada llevado a cabo por miembros del Movimiento Todos por la Patria. Su recuperación -encargada a la policía y al Ejército- generó un saldo de 39 muertos y explicaciones turbias y oscuridad respecto de los móviles y conexiones de la acción ultraizquierdista -como la denominó el gobierno- y también sobre la forma en que fue resuelta la cuestión.
Alza incontrolada de las tasas de interés, agotamiento de las reservas del Banco Central para intentar mantener el valor de un austral que se depreciaba cada vez más frente al dólar.
Golpe de mercado producido por los principales grupos económicos al retirar sus depósitos de los bancos, retener divisas producidas por exportaciones y demorar el pago de impuestos.
La campaña para las elecciones presidenciales del 14 de mayo de 1989 se llevó adelante en este marco. La situación se tornaba cada vez menos manejable: hiperinflación, pérdida del poder adquisitivo de los salarios, remarcación de precios, compra compulsiva de dólares por parte de los especuladores.
En los comicios, el candidato del P.J., Carlos Saúl Menem, se impuso a Eduardo Angeloz, de la U.C.R., con el 47% de los votos, En medio de saqueos a supermercados. La situación social se tornaba insostenible para Alfonsín. Jesús Rodríguez reemplazó a Juan Sourrouille como Ministro de Economía. El 30 de mayo se decretó el estado de sitio y se adoptaron medidas económicas de emergencia. Comenzaba a sonar la palabra ingobernabilidad. Alfonsín se retiró antes del gobierno, sin haber podido cumplir su promesa de recuperación del orden. Era la primera vez en mucho tiempo que un gobierno civil y elegido constitucionalmente era sucedido por otro de igual condición. Su presidencia había restaurado y abierto la puerta a la consolidación de la democracia en el país y roto con el aislamiento internacional, pero no había podido lograr un crecimiento positivo, la deuda externa había crecido y los salarios decrecido enormemente. Menem llegaba optimista proponiendo síganme, revolución productiva y salariazo, en una Argentina con recesión del 6% de P.B.I., una deuda externa de 63.000 millones de dólares y una hiperinflación cercana al 5000% anual.
Falleció el 31 de marzo de 2009 a las 20:30 horas, enfermo de cáncer pulmonar con metástasis ósea.
Portal Historia Argentina
