El Arzobispo de Mendoza se metió con la minería y pidió al gobierno que  no ponga en marcha el proyecto en Uspallata

El Equipo Arquidiocesano de Pastoral Social se metió con la minería en Mendoza, específicamente con el proyecto San Jorge, en Uspallata, y pidió que se posponga su instalación hasta que se aclaren varios puntos relacionados con los efectos que la mina podría ocasionar en esa localidad. "Los datos científicos disponibles son contradictorios o no son suficientes".
La Iglesia ofreció así lo que considera “un aporte, inspirado en la doctrina social de la Iglesia. Estas reflexiones centran su atención en la dimensión ética del tema en cuestión”, todo avalado por el Arzobispo de Mendoza, José María Arancibia, como también por el Obispo auxiliar, Sergio O. Buenanueva.
En su declaración, la Pastoral aduce que existe un “progresivo deterioro de la convivencia ciudadana en Uspallata y la alteración de la paz social”.
Y lanza también: “Estos proyectos afectan profundamente la forma de vida de las comunidades de las zonas implicadas. Todos los vecinos han de ser escuchados. El Estado debe garantizar la plena libertad de expresión de los ciudadanos”.
Asimismo menciona que la actividad económica de ese pueblo se “verá afectada por el Proyecto. La minería supone el desarrollo de fuentes de trabajo. Surge, sin embargo, la pregunta por el alcance real y el carácter genuino de esta oferta laboral”.

Otros puntos cuestionados son:

“El cuidado del patrimonio histórico cultural de la zona entre los que se encuentran el Camino del Inca, hitos de la campaña libertadora Sanmartiniana y otros sitios arqueológicos de interés.
La posible contaminación de los acuíferos de la zona debido al uso contaminante de reactivos o sus derivados, en proporciones superiores a los límites establecidos en la legislación vigente.
La afectación de la calidad del aire a raíz del polvo en suspensión provocado por los movimientos de suelo y las voladuras.
La posible afectación de la flora y fauna autóctonas las cuales incluyen especies protegidas especialmente por la legislación vigente.
Resta, por último, una pregunta muy importante: ¿En qué medida nuestro Estado está en condiciones, en la actualidad y en un futuro próximo, de efectuar con eficacia los controles pertinentes, garantizando la calidad del agua, el ambiente y la cultura de los mendocinos? La experiencia ciudadana evidencia la pertinencia de esta pregunta”.

Declaración del Equipo Arquidiocesano de Pastoral Social donde se pronuncia sobre la Mina San Jorge, en Uspallata.

1. El próximo martes 26 de octubre tendrá lugar en Uspallata una Audiencia pública por el “Proyecto San Jorge”, un importante emprendimiento minero a cielo abierto.

El proyecto ha generado un debate legítimo que involucra muchos aspectos. El Equipo de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Mendoza ofrece a continuación un aporte, inspirado en la doctrina social de la Iglesia. Estas reflexiones centran su atención en la dimensión ética del tema en cuestión.

Algunas preguntas

2. Nos parece oportuno poner de relieve algunos puntos que siguen despertando interrogantes:
a. En primer lugar, observamos con preocupación el progresivo deterioro de la convivencia ciudadana en Uspallata y la alteración de la paz social.
b. Existen además fundados temores por eventuales hechos de violencia en torno a la Audiencia pública, que la autoridad sabrá prevenir.
c. Estos proyectos afectan profundamente la forma de vida de las comunidades de las zonas implicadas. Todos los vecinos han de ser escuchados. El Estado debe garantizar la plena libertad de expresión de los ciudadanos.
d. La zona posee ya una actividad económica propia que se verá afectada por el Proyecto. La minería supone el desarrollo de fuentes de trabajo. Surge, sin embargo, la pregunta por el alcance real y el carácter genuino de esta oferta laboral.
e. El cuidado del patrimonio histórico cultural de la zona entre los que se encuentran el Camino del Inca, hitos de la campaña libertadora Sanmartiniana y otros sitios arqueológicos de interés.
f. La posible contaminación de los acuíferos de la zona debido al uso contaminante de reactivos o sus derivados, en proporciones superiores a los límites establecidos en la legislación vigente.
g. La afectación de la calidad del aire a raíz del polvo en suspensión provocado por los movimientos de suelo y las voladuras.
h. La posible afectación de la flora y fauna autóctonas las cuales incluyen especies protegidas especialmente por la legislación vigente.
i. Resta, por último, una pregunta muy importante: ¿En qué medida nuestro Estado está en condiciones, en la actualidad y en un futuro próximo, de efectuar con eficacia los controles pertinentes, garantizando la calidad del agua, el ambiente y la cultura de los mendocinos? La experiencia ciudadana evidencia la pertinencia de esta pregunta.

El principio de precaución

3. Consideramos que estas cuestiones no han sido suficientemente esclarecidas en el proceso previo a la Audiencia pública. Por tal razón, aconsejamos aplicar el “principio precautorio” reconocido, tanto por la legislación argentina, como por la misma enseñanza moral de la Iglesia.
Dicho principio aconseja al Estado posponer la puesta en marcha de actividades que puedan afectar el ambiente, la salud de los ciudadanos o comprometer seriamente el uso de recursos naturales para las generaciones futuras, cuando los datos científicos disponibles son contradictorios o no son suficientes. Se trata de una decisión provisional que podrá ser modificada en base a nuevos y mejores conocimientos. Creemos que este es el camino a seguir en esta situación concreta. Implica abrir una fase nueva de diálogo.

Responsabilidades compartidas

4. El Estado tiene en todo esto una responsabilidad insoslayable: velar por el bien común, especialmente de los más débiles. Los empresarios involucrados, por su parte, tienen también una responsabilidad primaria. Sus decisiones afectan a muchas personas. La búsqueda legítima de los propios intereses ha de conjugarse siempre con el respeto por la dignidad de las personas. La comunidad científica, las Universidades y las distintas organizaciones de la sociedad civil tienen también un rol importante. Algunas han hecho ya oír su voz, y la sociedad espera que lo sigan haciendo.
La Iglesia misma “tiene una responsabilidad respecto a la creación y la debe hacer valer en público. Y, al hacerlo, no sólo debe defender la tierra, el agua y el aire como dones de la creación que pertenecen a todos. Debe proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo” (Benedicto XVI, La caridad en la verdad, 51).
5. Queremos, por último, hacer llegar nuestra palabra de aliento a la comunidad de Uspallata, en la que se cuentan muchos católicos. Reconocemos, valoramos y apoyamos sus esfuerzos toda vez que los consideramos seriamente fundados y pacíficos. No se trata de ideologías o dogmatismos, sino de peligros ciertos para la vida, la convivencia social y el desarrollo integral de la Provincia.

La presente Declaración ha sido aprobada por el Arzobispo de Mendoza, José María Arancibia, como también por el Obispo auxiliar, Sergio O. Buenanueva.

Mendoza, 20 de octubre de 2010